Principio Esperanza

miércoles, 27 de julio de 2016

#RioNegro Huelga de hambre contra los despidos y persecución en el poder judicial



HUELGA DE HAMBRE EN PEDIDO DE RESPUESTA AL STJ FRENTE A PERSECUCIÓN POLÍTICA Y DESPIDOS

Semanas atrás denunciábamos el despido del trabajador judicial Santiago Villegas por parte del STJ de la provincia de Río Negro. El motivo del despido fue haber participado en protestas vinculadas al reclamo de justicia por el asesinato policial de Pablo Vera. Santiago no solo participó de este reclamo sino que también de la denuncia que en Noviembre del 2014 llevamos a cabo distintas organizaciones frente a la detención ilegal y las torturas a los familiares y amigos de Pablo Vera. En aquel entonces Santiago interpuso un habeas corpus y denunció a los funcionarios que fueron cómplices de las torturas. La respuesta del Poder Judicial fue privarlo del ingreso a su lugar de trabajo, trasladarlo al archivo e iniciarle un sumario que finalizó en el arbitrario despido.
Al día de hoy, frente a la falta de respuestas por parte del máximo órgano judicial de la Provincia, Santiago comenzó una huelga de hambre en reclamo de respuestas.



Desde la Coordinadora 13 de Enero no solo repudiamos el accionar del STJ sino que también lo responsabilizamos por el estado de saludo del compañero en esta medida de Protesta.
Desde el asesinato de Pablo hemos decidido denunciar cada acto de arbitrariedad e ilegalidad por parte del Poder Judicial de la Provincia que ha desplegado distintos mecanismos de persecución y criminalización, siendo este despido uno más de ellos.
Invitamos a medios de comunicación y organizaciones a acercarse a las puertas de Tribunales para apoyar y difundir esta medida hasta tanto se regularice y aclare la situación del compañero cesanteado.

#RíoNegro #Cipolletti: la Justicia pide indagatoria para militantes sociales

En Cipolletti, Río Negro, seis militantes del Frente Popular Darío Santillán recibieron notificaciones de la justicia por causas en su contra de amenazas, y coacción agravada.






“La acusación se debe a que realizamos cortes en el Ministerio de Acción Social, en la Municipalidad, y en la entrada de una empresa que pertenece al intendente de Cipoletti Ya finalizaba marzo y no habían cumplido esta promesa [la de resolver la situación de las tomas] y al desabastecimiento de las copas de leche, ya que no se estaban enviando los camiones de alimentos a los barrios carenciados de la ciudad”, comenta Sabino López. Sobre él recae la acusación de “coacción agravada”.

(video) INDUPA, la tierra sin sombra - avance -


avance del proximo CartagoTV
Estreno: sábado 30 de Julio 22 hs por Somos El Valle, canal 2 de Cablevisión



Más info en principioesperanza.com.ar/
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(videos) ‪#‎Cubaen26‬ El Asalto al Moncada



El asaltante al Cuartel Moncada, Alejandro Ferrás, habla sobre los sucesos acaecidos el 26 de julio de 1953


(videos) Cuba 26 de Julio Día de la Rebeldía Nacional

‪#‎Cuba‬ amanece de rojo y negro con los colores del 26 de julio, como aquella gloriosa mañana de la Santa Ana en que se redimieron las ideas del Apóstol. A 63años de esta heroica gesta nuestra felicitación al Comandante en Jefe Fidel Castro en su 90 cumpleaños. ‪#‎Fidel90Razones‬ ‪#‎Cubaen26‬




lunes, 25 de julio de 2016

#Neuquen Presentación del Libro " Ayotzinapa, horas eternas"


Comunidad Mapuce denuncia contaminacion en Rincón de Los Sauces #Neuquen #YPF


La comunidad mapuche NEWEN KURA venimos desde años denunciando una contaminación creciente sobre nuestro territorio. No es un drama solo de nuestra comunidad. Es un drama general que se vive en todo el pueblo y la zona de Rincón de los Sauces. De nada han servido hasta ahora todas las denuncias hecha ante la policia, la Secretaria de Medio Ambiente, el gobierno provincial, las autoridades de YPF, etc… todos se lavan las manos.

Album de fotos completo: https://www.facebook.com/Confederaci%C3%B3n-Mapuche-de-Neuqu%C3%A9n-444250588989024/

Ante un duro reclamo de la zonal Xawvnko, el Ministro Lara envío un par de inspectores a que constataran las denuncias que venimos formulando desde años. Los inspectores estaban asombrados de lo que veían, de los casos de negligencia y de falta de seguridad de las locaciones y campamentos de las empresas operadoras. Llegaron incluso a hablar de clausura de ciertas zonas. Prometieron en 20 dias entregar copia de lo inspeccionado.


Esa copia no llegó. Posteriormente el Ministro JORGE LARA se comprometio un par de meses atrás, ante la Zonal Mapuche, a entregar esas copias. Hasta la fecha nada sabemos, mas alla de las promesas. Por esa razón decidimos tomar medidas para que la Provincia actúe con la urgencia del caso. No se puede esperar mas. Hay que parar este desastre ecologico, ambiental, social, cultural que crece día a día. Aquí estamos esperando la respuesta del Gobernador Gutierrez que ante las autoridades de Campo Maripe, prometió ocuparse del tema urgente que planteamos.

Las imágenes que difundimos solo son del día de ayer, previo a la decisión de PARAR LA ACTIVIDAD de OLDELVAL en Puesto Hernandez. Derrames, profundas cavas construidas sin autorización ni aviso previo a la comunidad y sus autoridades, caños pinchados que permanecen días a la intemperie, movimiento de tierras que transforman nuestras tierras y la hacen inútil para nuestra actividad económica de pequeña ganadería, etc.

Todo denunciado en innumerables notas a las “autoridades correspondientes”…nadie se hace presente para dar una explicación. Solo la Policía. Funcionarios ineptos, irresponsables, burócratas que no les importa nada la vida de la gente que los eligió. Con cómodos sueldos que es lo único que les importa, aparentemente. Aquí los estamos esperando para que cumplan con su deber de garantizar un ambiente sano para la población y cumplir con los derechos del pueblos mapuche que desde décadas están escritos, pero en todo momento violados.

MARICIWEU!... Diez Veces defiende su vida, el Lof Newen Kurá!

Jose Millahual – Lonko
Eduardo Molina - Werken


La Comunicacion Popular moviliza al @EnacomArgentina



Desde el espacio INTERREDES marchan este miércoles a las 16 horas a las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en Perú 106 CABA. “Convocamos a medios, comunicadores y periodistas, a oyentes, televidentes y lectores, a estudiantes y organizaciones, a la Conferencia de Prensa que realizaremos en el lugar”, explicaron en un comunicado que reproducimos a continuación.

El ENACOM debe a nuestros medios millones de pesos del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un fondo creado mediante la ley 26.522 que se mantiene vigente. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores y las organizaciones rendimos lo que nos correspondía de acuerdo a lo que esa ley determina.
Sin embargo, hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FOMECA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016. Esto repercute directamente sobre la sostenibilidad de nuestros medios, limitando el derecho a la libertad de expresión.


Ese es el diálogo de Cambiemos: ahogo financiero y decomisos para los canales y las radios comunitarias, persecución de la justicia a trabajadores de la comunicación, mayor concentración para los actores dominantes del mercado.
Por eso convocamos a movilizar para que el Gobierno Nacional:
* Pague las cuotas FOMECA adeudadas por los concursos ganados en el año 2015.
* Cumpla con la Ley 26.522 y ejecute el presupuesto destinado a nuestro sector del año 2016.
* Habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos públicos en televisión digital.
* Cese la persecución legal y los decomisos a los medios comunitarios.
* Respete el 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro.
* Contra la concentración de la comunicación.
* Participe a todo el sector en la discusión de una nueva ley de medios.

MIERCOLES 27 de julio 16 horas
TODOS Y TODAS AL ENACOM
Perú 106 (CABA)
EN DEFENSA DE NUESTROS MEDIOS, CONTRA LA CONCENTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN!
BASTA DE AHOGO Y DECOMISO A LOS MEDIOS COMUNITARIOS

Convoca:
I N T E R R E D E S
(FARCO / AMARC (Argentina) / Red PAC / Red Colmena / RNMA / REDCOM / ARECIA / CANALES BARRICADA TV / URBANA TV / PARES TV

Contactos:
02323-1553-6201 (Pares TV)
11-5965-5317 (Barricada TV)
11-4579-6566 (Urbana TeVe)
11-4052-7882 (FARCO)
11-5329-4680 (RNMA)
11-494-0963 (Red PAC)
11-6121-5546 (AMARC Argentina )
11-5959-6217 (Red Colmena)


Claves del caso #Belen #Argentina


Una mujer tucumana de 27 años fue acusada, juzgada y condenada a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto en un hospital. Más de 2 años presa en espera del juicio, tuvieron como conclusión que esta semana la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por 3 hombres –Dante Ibañez, Nestor Macoritto y Fabian Fradejas- falle contra esta joven.



En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén (usamos este nombre para proteger la identidad y privacidad de la joven) llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán buscando asistencia sanitaria por dolores abdominales. Tenía antecedentes médicos de vesiculares y peritonitis. Estaba con miedo. Le administraron un calmante por vía oral y fue derivada por el doctor Jorge Molina al Servicio de Ginecología a causa del abundante sangrado.

Belén cuenta, actualmente desde la cárcel, que desde el momento de su derivación empezaron las sospechas, los rumores, las llamadas a la Guardia Policial, miradas feas y acusaciones sobre “qué se había hecho”. Empezó a sentirse maltratada.

Una vez en Servicio de Ginecología del Hospital Avellaneda fue atendida por la enfermera Verónica Ledesma quien le hizo un interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia. “Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado”. Belén, según comenta a APA, le volvió a responder que había ido al baño con un poco de sangre.

Allí, el médico José Daniel Martín le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le informó que desconocía estar embarazada, posición que repitió en todas sus declaraciones.

Luego, la jefa de parteras, Marta Monje, por orden de Martín acudió con la agente Marcela Sueldo a los baños “a la búsqueda del producto que habría expulsado” la paciente.

En un baño del hospital -existen contradicciones acerca de en cuál de ellos- encontraron un feto, automáticamente nombrado por médicos/as, policías y funcionarios judiciales como “hijo” de Belén, sin tener ninguna prueba sobre ello. Así consta en el expediente judicial. Vale destacar que en ningún momento de la investigación se realizó un estudio de ADN que demuestre la relación entre el feto y la jóven acusada. No obstante, Marta Monjes declaró que cuando acudió al baño donde encontró el feto estaba dentro el personal de limpieza del servicio sanitario.

Torturas

La joven tucumana indicó también ante los jueces que “un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía ‘mira este es tu hijo’”. También relató en el juicio que “cuando despertó del legrado en su cama de la sala 5 estaba rodeada por varios policías que la inspeccionaban sus partes íntimas. Todos estos procedimientos son catalogados por los tratados de derecho internacional como formas de torturas y tratos degradantes.

Según el “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez” de la Comisión contra la Tortura de la ONU, en febrero de 2013, hay tortura cuando se trata de maltratos a mujeres “que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en entornos institucionales (…) las infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales; y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto”

De acuerdo a la defensora de Belén, la abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Soledad Deza, explica que esto quiere decir “que toda mujer que llega con un aborto en curso o que tiene un aborto como Belén en un hospital, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que impide a todo el equipo de salud denunciarla”.

La historia clínica de Belén registra todas las intervenciones policiales y judiciales dentro de la relación médico paciente. Esto es destacable ya que son múltiples las fuentes jurídicas que ratifican que el derecho que asistía a Belén en marzo de 2014 fue violado.
En 1966 en el Plenario de Cámaras Penales en Argentina que se conoce como “Natividad Frías”, el Poder Judicial indicó que el secreto profesional prevalece por sobre la obligación de denunciar delitos que tienen los profesionales de la salud.
En 2010, el fallo “Baldivieso” de la Corte Suprema de la Nación indicó que los datos que se obtienen en el marco de una relación médico paciente no pueden ser revelados y usados contra el paciente.
En Octubre de 2015, el Juez de Instrucción de la III Nominación del Poder judicial de la provincia de Tucumán, Francisco Pisa, indicó que no puede usarse la historia clínica en contra de la paciente precisamente por la obligación de guardar secreto en el caso local conocido como “María Magdalena” y sobreseyó a la acusada porque fueron sus médicos quienes la denunciaron.

Respecto al tiempo de gestación del feto encontrado la investigación también tiene serias contradicciones: desde menos de 12 semanas de gestación hasta 32. Ningún profesional (ni el médico Martín, ginecólogo, ni la licenciada Monje, jefa de parteras, ni el doctor Armando forense judicial, ni médica de la Policía, la dra. Sueldo) justificaron en qué criterio basaron sus apreciaciones, todos suponiendo tener competencias para ello.

La Justicia, muy lejos de ayudar

Belén fue aprehendida en su internación en servicio de salud pública en el momento que interviene la Fiscalía V a cargo de Washington Dávila. Es decir, que desde que ingresó al Hospital Avellaneda, Belén jamás volvió a su casa porque le determinaron prisión preventiva donde continuó hasta el día de hoy: 2 años y 1 mes después. ¿Cuál es la vara con la que mide la Justicia? Argentina tiene un Presidente que asumió procesado, jamás estuvo preso y esta joven de 27 años lleva 25 meses privada de su libertad preventivamente y sin condena firme.

La causa que se inició como aborto, luego se re-caratuló como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” pese a que no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a Belén con el feto encontrado en el baño del nosocomio. Tampoco existen pruebas de que ella se haya provocado un aborto y mucho menos de que haya matado a una persona. Belén dijo esto a gritos y con llanto al Tribunal este martes 19 de abril, cuando fue condenada a 8 años de prisión.

Esta es la historia de una joven mujer de escasos recursos que no pudo tener el acceso a la Salud y a la Justicia como merecía. Primero tuvo el asesoramiento de abogados que le solicitaban decenas de miles de pesos, su familia no pudo juntar el monto solicitado y así tres días antes del debate oral se quedó sin defensa. La defensora oficial Norma Bulacios tomó el caso. Ningún de sus defensores denunció la violación de sus derechos de paciente, lo cual habría podido dar por nulo el juicio, de acuerdo a Deza. Los fiscales, por su parte, nodeberían haber investigado un hecho que era producto de un delito como lo es la violación del secreto profesional pese a la jurisprudencia.

Actualmente Belén sigue en un penal en la provincia de Tucumán. Después de años su historia toma conocimiento público y ahora espera próximas instancias para buscar la apelación a esta sentencia.

El ocaso de la OTAN


La historia de la OTAN y sus actividades de hoy permiten entender cómo construye Occidente sus mentiras y por qué es actualmente prisionero de ellas. Ciertos elementos mencionados en este artículo pueden resultar chocantes, pero nadie puede negar los hechos. Ante la realidad, lo más que pueden hacer los atlantistas es aferrarse a las mentiras y seguir cerrando los ojos.



Por Thierry Meyssan


Al final de un festín, al parecer bien regado con alcohol, los dirigentes de la OTAN, en una especie de burla a los cretinos que todavía toman al pie de la letra sus discursos sobre la paz, no encuentran nada mejor que entonar a coro “We are the World”. En este indecente video aparecen el general estadounidense y entonces jefe supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa Philip Breedlove, el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg, la responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea Federica Mogherini y numerosos ministros de Defensa.

La cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN acaba de desarrollarse en Varsovia, los días 7 y 8 de julio de 2016. Esta cumbre, que debería ser una especie de triunfo de Estados Unidos sobre el resto del mundo, en realidad ha marcado el inicio de la debacle.

Recordemos, primero que todo, qué es la OTAN.
Lo que fue la OTAN

Después de la Segunda Guerra Mundial, las élites europeas, llenas de pánico ante la idea de que los partidos comunistas lograsen alcanzar el poder, se apresuran a guarecerse, en 1949, bajo el “paraguas” estadounidense. Se trataba, ante todo, de ponerse en condiciones de amenazar a los soviéticos para que no apoyaran a los comunistas occidentales.

Los países del oeste de Europa extendieron paulatinamente su alianza. Incorporaron a ella a los alemanes del oeste de Alemania (RFA), que habían sido autorizados, en 1955, a restaurar su propio ejército. Preocupada por las capacidades de la OTAN, la URSS respondió creando el Pacto de Varsovia, 6 años después de la fundación de la OTAN.

Pero, con la guerra fría, las dos alianzas evolucionan de manera imperial: por un lado, la OTAN se ve dominada por Estados Unidos y, en menor medida, por el Reino Unido; del otro, el Pacto de Varsovia se encuentra bajo el dominio de la Unión Soviética. De hecho, incluso se había hecho imposible salir de ambas estructuras: la OTAN no vacila en utilizar el Gladio [1] para organizar golpes de Estado y perpetrar asesinatos políticos preventivos mientras que el Pacto de Varsovia invade abiertamente Hungría y Checoslovaquia, países que habían mostrado tendencias a independizarse.

La Unión Soviética puso fin a ce sistema, incluso antes de la caída del muro de Berlín. Mijaíl Gorbatchev permitió que cada miembro del Pacto de Varsovia recuperara su independencia, en lo que llamó ironicamente su «Doctrina Sinatra», en referencia a la célebre canción My Way. Cuando se produjo el derrumbe final de la Unión Soviética, sus aliados simplemente se dispersaron y fueron necesarios varios años de estabilización antes de que apareciera la actual Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTCS), basada esta última –en respuesta a los errores del pasado– en una estricta igualdad entre los países que la componen.

Es necesario precisar aquí que, como organizaciones, tanto la OTAN como el disuelto Pacto de Varsovia contradicen la Carta de las Naciones Unidas ya que los países miembros perdían su independencia al aceptar poner sus tropas bajo los mandos de Estados Unidos o de la URSS.

Contrariamente al caso de Rusia, Estados Unidos siguió siendo un imperio y sigue utilizando la OTAN para obligar a sus aliados a actuar según los intereses estadounidenses. El objetivo inicial de la OTAN –presionar a los soviéticos para que no ayudaran a los comunistas occidentales a llegar al poder– ya no tiene razón de ser. Sólo subsiste la sumisión a la tutela estadounidense.

En 1998, la OTAN libró su primera guerra, contra un Estado minúsculo –la actual Serbia– que no representaba ningún tipo de amenaza para ningún miembro de la OTAN. Estados Unidos fue creando poco a poco las condiciones para el conflicto, entrenando –en la base turca de Incirlik– a la mafia kosovar en la realización de actos de terrorismo, organizando una campaña de terror en Serbia y, posteriormente, acusando al gobierno serbio de haber desatado una represión desproporcionada contra los autores de los actos terroristas. Cuando el yunque aplastó la mosca, en las cancillerías de los países miembros de la alianza atlántica se dieron cuenta de que la OTAN en realidad era un organismo demasiado pesado y muy poco eficaz. Comenzaron entonces toda una serie de profundas reformas.
La OTAN posterior al 11 de septiembre de 2001

Al desaparecer la URSS ya no quedaba en el mundo ningún Estado capaz de rivalizar con Estados Unidos en el plano militar y, por ende, aún menos con la OTAN. Esta última tenía que haber desaparecido en aquel momento. Pero, no fue eso lo que sucedió.

Primero, surgió un nuevo enemigo: el terrorismo. Y el terrorismo enlutó varias capitales de países miembros de la OTAN, obligando a los Estados de la alianza atlántica a respaldarse entre sí.

Por supuesto, no hay ningún tipo de comparación posible entre lo que fue el Pacto de Varsovia y lo que realmente podían hacer una banda de barbudos desde una cueva en Afganistán. Pero los Estados miembros de la OTAN actúan como si creyeran –en verdad el amo de la alianza atlántica no les deja otra opción– que la única manera de garantizar la protección de sus poblaciones es firmar los comunicados de la OTAN, repetir a coro el discurso único.

A pesar de que existe una abundante literatura histórica, los occidentales siguen sin entender que la OTAN fue creada por sus clases acomodadas para utilizarla contra sus propios pueblos y que hoy Estados Unidos la utiliza contra las élites occidentales. La situación es muy poco diferente para los países bálticos y Polonia, que entraron recientemente en la alianza atlántica y aún se encuentran en la primera etapa del proceso: la del temor de las élites antes los comunistas.
La zona geográfica casi ilimitada que abarca la OTAN

Si la OTAN fuese realmente una alianza defensiva se limitaría a garantizar la defensa de sus Estados miembros. Pero, en vez de ello, sigue ampliando su zona geográfica de intervención. La lectura del comunicado final emitido en Varsovia permite comprobar que la OTAN se inmiscuye en todas las regiones del mundo, incluyendo la península de Corea –donde Estados Unidos nunca firmó la paz con la República Democrática– y África –donde el Pentágono sigue empeñado en instalar su AfriCom. La única región del mundo donde no se mete la OTAN es Latinoamérica, considerada como la zona reservada de Washington, en virtud de la «Doctrina Monroe». En lo tocante a todas las demás regiones del mundo, los vasallos del Pentágono reciben órdenes de enviar tropas para defender los intereses del amo.

La OTAN está implicada hoy en todos los campos de batalla. La OTAN coordinó la destrucción de Libia, con diferentes niveles de participación de sus diferentes miembros, cuando el comandante estadounidense del AfriCom, el general Carter Ham, se negó a entregar armas a al-Qaeda para derrocar a Muammar el-Kadhafi. Y es también la OTAN la que coordina la guerra contra Siria desde la instalación del Allied Land Command, en 2012, en la ciudad turca de Esmirna (Izmir).

Poco a poco, varios Estados no europeos han sido integrados a la OTAN, con diferentes niveles de participación. Los más recientes son Bahréin, Israel, Jordania, Qatar y Kuwait, que incluso ya tienen cada uno su propia oficina en la sede de la OTAN, desde el 4 de mayo de 2016. La nueva sede, recientemente inaugurada, de la OTAN en Bruselas. ¿Su módico costo? Un millón de millones de dólares.


¿Qué es la OTAN hoy en día ?

Cada Estado miembro de la OTAN está siendo exhortado a armarse para participar en las próximas guerras y dedicar a ello un 2% de su PIB, aunque esto es todavía sólo una parte de lo que se les pide. Como el armamento debe corresponder a las normas de la OTAN, también se les exhorta a que lo compren en Estados Unidos.

Por supuesto, todavía quedan producciones nacionales de armamento en varios países de la OTAN. Pero no será por mucho tiempo. Durante los últimos 20 años, la OTAN ha estimulado sistemáticamente los Estados miembros de la alianza a desmantelar sus propias industrias aeronáuticas militares, exceptuando las de Estados Unidos. El Pentágono anunció la creación de un avión de guerra multipropósito –el F-35 Joint Strike Fighter– a un precio súper ventajoso. Todos los países miembros de la OTAN hicieron pedidos para adquirir esa maravilla y cerraron sus propias fábricas.

Veinte años más tarde, el Pentágono todavía no está en condiciones de fabricar ni un solo ejemplar de ese avión maravilloso capaz de hacer cualquier cosa y sigue presentando en las ferias de armamento los mismos F-22 más o menos modificados. Ahora Estados Unidos pide constantemente a los “clientes” que ayuden a financiar el desarrollo del dichoso F-35mientras que, en Washington, el Congreso estadounidense se plantea reiniciar la producción de aviones viejos porque lo más probable es que el F-35 nunca llegue a fabricarse.

Conclusión: la OTAN funciona como una vulgar sucursal de la mafia, el que no paga se expone a ser víctima de atentados terroristas.

Estados Unidos ha hecho todo lo posible para que sus aliados dependan de la industria militar estadounidense… y dejó de perfeccionarla. Mientras tanto, Rusia reconstruyó su propia industria militar y China está a punto de disponer de su propia estructura industrial militar. Ya en este momento, las fuerzas armadas de la Federación Rusa han dejado atrás al Pentágono en materia de guerra convencional. Rusia ha desplegado en el oeste de Siria, en el Mar Negro y en Kaliningrado, un conjunto de medios técnicos que le permiten desactivar los sistemas de observación y mando de la OTAN, al extremo que la alianza atlántica ha tenido que renunciar a vigilar la actividad de las fuerzas armadas rusas en esas regiones. Y en el campo de la aeronáutica, Rusia ya está produciendo aviones multipropósito capaces de hacer palidecer de envidia a los pilotos de la OTAN. Y de aquí a 2 años, China también pudiera dejar atrás a la OTAN en materia de guerra convencional.

Así que los miembros de la OTAN están siendo testigos de la decadencia de la alianza atlántica, que constituye de hecho su propia decadencia. Pero no reaccionan ante esa nueva situación, con excepción del Reino Unido.
El caso de Daesh

Después de la histeria sobre al-Qaeda que caracterizó los años 2000, ahora nos encontramos bajo la amenaza de un nuevo enemigo: el Emirato Islámico en Irak y el Levante, también conocido como Daesh [2]. Todos los Estados miembros de la OTAN fueron exhortados a unirse a la «Coalición Mundial» (sic) para vencerlo. Los participantes en la cumbre de Varsovia se felicitaron por las victorias obtenidas en Irak y hasta en Siria, incluso a pesar de «la intervención militar de Rusia, de su importante presencia militar, de su respaldo al régimen» que constituyen una «fuente de riesgos y [de] desafíos adicionales para la seguridad de los Aliados» (sic) [3].

Ya todo el mundo entendió que el Emirato Islámico fue creado en Irak por Estados Unidos en 2006. Pero ahora nos dicen que esa organización terrorista se volvió en contra de su creador –obsérvese que eso fue lo mismo que ya nos dijeron sobre al-Qaeda. Sin embargo, el 8 de julio de 2016, mientras el Ejército Árabe Sirio luchaba contra varios grupos terroristas –entre los que se hallaba el Emirato Islámico– al este de Homs, aviones de la US Air Force aportaron apoyo aéreo a esos terroristas durante 4 horas, lo cual permitió a los yihadistas de Daesh preparar y efectuar la voladura de un importante tramo del gasoducto que conecta Siria con Irak e Irán.

Otro hecho revelador es que en los atentados registrados el 4 de julio en Arabia Saudita (incluso frente al consulado de Estados Unidos en Yeddah, del otro lado de la calle), el Emirato Islámico utilizó explosivos militares de alta tecnología, disponibles únicamente en los arsenales del Pentágono. Así que no resulta difícil entender que, con una mano, el Pentágono combate el Emirato Islámico en ciertas zonas mientras que, con la otra mano, sigue entregándole armas y garantizándole apoyo logístico en otras zonas.
El ejemplo ucraniano

El otro espantajo que la OTAN sigue agitando es Rusia. Sus «acciones agresivas (…) incluyendo sus actividades militares provocativas en la periferia del territorio de la OTAN y su demostrada voluntad de alcanzar objetivos políticos mediante la amenaza o el uso de la fuerza, constituyen una fuente de inestabilidad regional, representan un desafío fundamental para la Alianza» (sic).

La OTAN reprocha a Rusia la anexión de Crimea, lo cual es cierto, negando el contexto en que se produjo: el golpe de Estado orquestado por la CIA en Kiev y la entronización de un gobierno ucraniano plagado de nazis. Dicho de otra manera, los miembros de la OTAN tienen derecho a hacer cualquier cosa… pero Rusia… Rusia viola los acuerdos que había concluido con la alianza atlántica.
La cumbre de Varsovia

La cumbre de la OTAN en Varsovia no permitió a Washington reparar las grietas que aparecen en la alianza. El Reino Unido, que al decidir su salida de la Unión Europea acaba de poner fin a su «relación especial» con Estados Unidos, se negó a incrementar su participación en la OTAN para compensar el esfuerzo que está cancelando en el seno de la Unión Europea. Londres se escudó tras su próximo cambio de gobierno para evadir las preguntas sobre el tema.

La cumbre atlántica sólo pudo tomar dos decisiones: instalar bases permanentes en la frontera rusa y desarrollar el escudo antimisiles. Como la primera decisión contradice los compromisos de la OTAN, se implementará desplegando tropas según un sistema rotativo, de manera que no habrá un contingente permanente, aunque siempre habrá soldados presentes. La segunda decisión consiste en utilizar el territorio de los aliados europeos para desplegar allí soldados estadounidenses y un sistema de armamentos. Para no incomodar a las poblaciones europeas cuyos territorios se verán así sometidos a una nueva ocupación militar, Estados Unidos aceptó no conservar el mando directo del escudo antimisiles sino ponerlo bajo el mando de la OTAN.

Pero se trata de un cambio puramente cosmético ya que el Comandante Supremo de la alianza atlántica, actualmente el general Curtis Scaparrotti, es obligatoriamente un oficial estadounidense designado directamente por el presidente de Estados Unidos.

Objetivo: Fidel.


Por Fabián Escalante Font

Fidel Castro ha sido el líder político más perseguido en la historia contemporánea y probablemente en la universal. Varias centenas de complots homicidas han sido planeados en su contra, algo probado en documentos oficiales desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, como para restar importancia a la gravedad de estas acciones, políticos de ese país han afirmado que los atentados planeados fueron solo unos pocos, como si uno no bastara para hacer de ello algo deleznable.


La CIA norteamericana no solo fue responsable de estos complots, sino también contrató al “sindicato del crimen organizado” (la mafia), para iguales fines, algo inaudito y sin precedentes históricos.

También desplegó intensas campañas de “guerra sicológica” para la consecución del crimen, lo que trajo como resultado que cientos de contrarrevolucionarios de origen cubano, una veces con los medios entregados por ellos y otras influidos por las campañas realizadas, se propusieran asesinar al dirigente cubano.

Un ejemplo de lo anterior fue la “operación botín” desencadenada por Estados Unidos a través de su emisora oficial La voz de las Américas, en la cual en una programación [1] dirigida a Cuba, puso precio a las cabezas de los dirigentes cubanos, especialmente a la de Fidel.

En ocasiones se ha pretendido remitir el éxito de tales resultados a la labor de los organismos de seguridad cubanos, sin embargo, en honor a la verdad, la participación popular en su desmantelamiento fue vital, sin detrimento de la eficiencia del Servicio, a lo cual habría que sumar, la intuición de Fidel para descubrir las emboscadas, que no pocas veces lo libró del crimen planificado.

Las investigaciones realizadas han permitido documentar que, en total, fueron conocidos por los servicios de seguridad cubanos 634 complots homicidas durante el periodo 1958-2000¸ en diferentes estadios de planificación; sin mencionar los que no fueron descubiertos y abortaron por cuestiones ajenas a la intención de sus planificadores.

De ese conjunto, 167 fueron proyectos homicidas que se encontraban en fase de ejecución al momento de ser desmantelados y que contaron con los medios, oportunidad y ejecutores determinados a ello y que fracasaron por la acción de los servicios de seguridad o por la cobardía de los autores y que fueron descubiertos posteriormente.

Profundizando en el estudio de ellos, hoy los podemos analizar desde otra perspectiva y vincularlos a la trayectoria política y revolucionaria de Fidel y a las posibilidades del enemigo para cometer el crimen. Para tales fines hemos tomado como punto de partida el 26 de julio de 1953.

Así, los complots homicidas se podrán caracterizar por el momento histórico que transita el proceso cubano, es decir los escenarios socio-político-económicos existentes, que definirán además los enemigos enfrentar.

El periodo que comienza con el asalto al cuartel Moncada, el exilio en México y más tarde la lucha en la Sierra Maestra y el derrocamiento de la dictadura de Batista, agrupa los intentos de envenenamiento mientras estaba preso en Boniato, luego, la cacería iniciada tras la libertad obtenida en 1955, seguida del exilio en México, donde agentes de la CIA como John Maples Spiritto vigilaban sus movimientos, y finalmente los fallidos intentos en la Sierra, donde primero Eutimio Guerra y posteriormente a finales de 1958 el norteamericano Alan Robert Nye, actuando por orientaciones del FBI y la policía batistiana, intentarían su asesinato para frustrar la revolución en curso.

Un segundo corte, se inicia con el triunfo de la Revolución y se extiende hasta abril de 1961 y se corresponde con el proceso de implementación del programa del Moncada.

Ese periodo, estará caracterizado por dos importantes complots contrarrevolucionarios: la conspiración Trujillista y la de Huber Matos, ambas con los mismos fines y apoyo norteamericano, pero con inspiraciones diferentes. La primera, integrada por batistianos exilados, casquitos, oligarcas nativos y renegados, dirigidos por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, con el fin de reinstalar el régimen anterior en Cuba, mientras que la otra, organizada por disidentes de la Revolución que aun ostentando los cargos y atributos otorgados, pretendían mediante una asonada militar presionar a Fidel para desembarazarse de los “izquierdistas” del Ejército rebelde. Esta etapa está descrita en una interesante conclusión del Departamento de Estado norteamericano que caracterizaba así el periodo transcurrido:

“(…) el período de enero a marzo (1959) puede ser caracterizado como la luna de miel con el gobierno de Castro. En abril se hizo evidente un giro descendente en las relaciones… En junio habíamos tomado la decisión de que no era posible alcanzar nuestros objetivos con Castro en el poder y acordamos acometer el programa referido por Mr. Marchant (Subsecretario Livingston Marchant) . En julio y agosto habíamos estado delineando un programa para reemplazar a Castro. No obstante, algunas compañías en Estados Unidos nos informaron durante ese tiempo que estaban alcanzando algunos progresos en las negociaciones, un factor que nos causó atraso en la implementación de nuestro programa. Las esperanzas expresadas por estas compañías no se materializaron. Octubre fue un período de clarificación. El 31 de octubre, de acuerdo con la CIA, el Departamento sugirió al Presidente la aprobación de un programa en correspondencia con lo referido por Mr. Marchant. El programa aprobado nos autorizó a apoyar a los elementos que en Cuba se oponían al gobierno de Castro, mientras se hacía que la caída de Castro fuera vista como resultado de sus propios errores…” [2]

En los comienzos de 1960, la CIA, hasta entonces envuelta en conspiraciones de rosablanqueros y renegados, decide formar una Fuerza de Tarea para derrocar al gobierno cubano, integrada por sus mejores expertos provenientes del golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, al tiempo que el coronel JC. King, jefe de la División para A. Latina, recomendaba:

“En Cuba existe una dictadura de extrema izquierda que si se le permite mantenerse, estimularía actividades similares contra posesiones norteamericanas en otros países latinoamericanos… Se debe analizar a fondo la eliminación de Fidel Castro. Ninguno de los que están cerca de él, como su hermano Raúl o su compañero Che Guevara, atraen a las masas de manera tan hipnótica. Muchos conocedores piensan que la desaparición de Fidel aceleraría considerablemente la caída del actual gobierno… “.

En este período, la Agencia contratará a la Mafia norteamericana, para que al mejor estilo hollywoodense asesine al líder cubano. Para tales fines, oficiales de la CIA contratar{an a la mafia de Chicago y Florida, una encabezada por Sam Giancana y John Rosselli y la otra por Santos Traficante Jr[3], además pondrán sus modernos laboratorios a inventar venenos, tabacos explosivos, polvos depilatorios, etc, para facilitar la misión a sus nuevos aliados.

En 1961, después de la victoria de Girón y con el Socialismo proclamado, la CIA incrementará los recursos y medios para esta misión, creando en enero de ese año, un departamento, denominado ZR/Rifle exclusivamente con el propósito de asesinar a Fidel, con lo que se inicia una nueva fase.

Entre las operaciones más importantes de entonces, estuvieron las proyectadas en julio de 1961 para asesinar a Fidel y a Raúl, en la capital y Santiago respetivamente, en el marco de una operación de auto provocación en la Base Norteamericana de Guantánamo; luego el conocido complot de la Terraza Norte del Palacio Presidencial, donde proyectaban disparar con una bazooka al líder revolucionario; después, en 1963, el intento de envenenamiento en el Hotel Habana Libre y finalmente el organizado por la CIA por mediación del ex comandante Rolando Cubela Secades, quien debía asesinar a Fidel por medio de un poderoso veneno y propiciar simultáneamente,un golpe militar en el país.

En 1966 la contrarrevolución interna fue derrotada definitivamente, con la desaparición de sus bases de sustentación, sin embargo los complots, las conspiraciones y los planes de atentado aumentaron. Miles de horas radiales, propaganda escrita, rumores y todo medio de difusión fueron utilizados para estimular la eliminación física de Fidel Castro. Sólo la vigilancia popular, la solidaridad, el instinto del jefe revolucionario, además de la moderna y confiable protección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, impidieron tales pretensiones.

En la cuarta etapa que se inicia en los comienzos de los setenta hasta finales de siglo, va a encontrar a la Seguridad cubana en condiciones de penetrar los centros terroristas de la CIA y así poder neutralizar varios de los complots homicidas. Entre los más destacados de entonces se encontraron el de Chile, cuando en 1971 Fidel visitó aquel país y luego más tarde, cuando en 1976 la CIA supuso que el dirigente cubano viajaría a la proclamación de independencia de la República Popular de Angola, donde se pretendía derribar el avión donde viajaría, hecho que fue denunciado por Fidel en ocasión del acto popular realizado en la despedida de duelo de las victimas del avión cubano dinamitado en pleno vuelo al despegar de la Isla de Barbados.

A partir de entonces la CIA y sus aliados, comenzaron una cacería internacional, para aprovechar los viajes del líder cubano para ejecutar el crimen. Probablemente el más sobresaliente de los complot de entonces y que caracteriza aquella etapa ocurrió en noviembre de 2000, durante la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica que se desarrolló en Panamá, en el cual se planeó colocar una potente bomba en el paraninfo de la Universidad de ese país donde el dirigente cubano haría uso de la palabra.

Resumiendo, en el transcurso de 40 años se planearon más de seiscientos complots homicidas contra Fidel Castro de los cuales más de un centenar al momento de su desarticulación contaban con los medios, recursos y la oportunidad para ejecutarlos. En otras cifras, durante 40 años, cada 82 días se intentó asesinar al líder cubano. Si no es record es un buen average.

Y hoy, víspera de su 90 cumpleaños de luchas y victorias, sirvan éstas líneas para rendir homenaje a este, nuestro Fidel, gladiador invicto de la historia contemporánea americana y mundial.

[1] “Cita con Cuba”

[2] Roy Rubotton, asistente del Secretario de Estado.

[3] Santos Traficante Jr fue el representante de las familias mafiosas norteamericanas en Cuba hasta 1959.

El sueldo de lxs diputadxs neuquinxs...


El sueldo del gobernador neuquino...


FRANCIA ¿Por qué tanto empeño en constitucionalizar el estado de emergencia?

Luego de haber anunciado en su entrevista del 14 de julio, un próximo levantamiento del estado de emergencia, el presidente Francois Hollande lo prolonga, al día siguiente, por 3 meses más. Esto puede parecer una reacción ante el atentado perpetrado en Niza. Pero, si vamos un poco más allá, la decisión significa un nuevo paso en la transformación del Estado. Contrariamente a las apariencias, el objetivo no es luchar contra el terrorismo sino pasar de un poder proveniente del Pueblo y sometido a ciertos controles a un poder discrecional que actúa al servicio de Estados Unidos y por cuenta de ese país.



Por Jean-Claude Paye


Para Francois Hollande, la lucha contra el terrorismo ofrece la posibilidad de modificar el Estado.

Antes de que el presidente anunciara su abandono, el «Proyecto de Ley Constitucional de Protección de la Nación» [1] pretendía introducir dos modificaciones en la Constitución de la República Francesa:
insertar un artículo 36-1 sobre el estado de emergencia y
modificar el artículo 34 que instauraba la posibilidad de despojar de la ciudanía francesa a los franceses condenados por terrorismo.

La introducción del estado de emergencia y de la posibilidad de despojar a los franceses de su ciudadanía invierte los objetivos de la Constitución, que deja de establecer derechos para pasar a establecer la pérdida de esos derechos. Ya no pone límites al poder sino que se convierte en la expresión de su omnipotencia.

La voluntad de inscribir el estado de emergencia en la Constitución se inscribe, efectivamente, en un contexto de desmantelamiento del Estado de Derecho pero no se limita a esa acción. Este empeño nos informa sobre la forma actual del Estado nacional y, más precisamente, sobre la forma actual de Francia. La constitucionalización el estado de emergencia es síntoma de una forma de organización política que inscribe en la Constitución su renuncia a toda una parte de la soberanía nacional. En efecto, la inserción del estado de emergencia y del desmantelamiento de las libertades en el texto fundamental de la República Francesa demuestra el abandono de toda autonomía de la política interna ante el orden internacional de «la lucha contra el terrorismo».

La doble inscripción en la Constitución, tanto de su subordinación a la primera potencia mundial como del ejercicio de un poder ilimitado sobre su propio pueblo, muestra las dos caras que actualmente exhibe el Estado nacional.
Un «régimen civil de crisis»

El proyecto de ley constitucional, presentado a la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, preveía agregar a la Constitución de la República Francesa un artículo 36-1 sobre el estado de emergencia. Ese artículo habría acompañado el actual artículo 36, que organiza el «estado de sitio» y responde a una crisis grave, como una guerra o una insurrección armada. El estado de sitio permite transferir al ejército poderes civiles de policia, así como la creación de jurisdicciones militares.

Pero la Constitución de la República Francesa también cuenta con el artículo 16, que permite al presidente de Francia otorgarse a sí mismo «poderes excepcionales» cuando existe una amenaza «grave e inmediata» hacia «las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o la ejecución de sus compromisos internacionales». Este artículo 16 se ha aplicado una sola vez: durante la guerra de Argelia, en 1961, en el momento del «Putsch de Argel» o «Putsch de los generales». El entonces presidente de la República Francesa, Charles De Gaulle, asumió entonces plenos poderes desde finales de abril hasta finales de septiembre de 1961.

El presidente Hollande ha declarado que esos dos artículos no se adaptan «a la situación que enfrentamos», un contexto que él califica como «terrorismo de guerra» afirmando que «el funcionamiento normal de las instituciones no se interrumpe y no se concibe transferir poderes a la autoridad militar» [2], el estado de sitio no puede aplicarse, al igual que los plenos poderes, por naturaleza de carácter temporal, no pueden responder a una guerra de larga duración contra el terrorismo. Debido a ello, para poder actuar «contra el terrorismo de guerra» [3], Hollande estima necesario instaurar un «régimen civil de crisis» e inscribirlo en la Constitución.

Este «otro régimen constitucional» lleva a una mutación política. Los poderes excepcionales habitualmente se denominan así porque se supone que se utilizan raramente y porque son descomunales. Lo cual dejaría de ser así en «un régimen civil de crisis», donde esos poderes serían algo cotidiano. A partir de ahí, las nuevas prerrogativas ya no pueden ser consideradas poderes excepcionales ya que serían parte del régimen instaurado por el texto fundamental [la Constitución].
Un contexto de desmantelamiento del Estado de derecho

La voluntad de incluir en la Constitución el dispositivo del estado de emergencia no responde, como dice el gobierno, a una preocupación por la seguridad jurídica. Tanto el Consejo de Estado como el Consejo Constitucional y la Corte Europea de Derechos Humanos validaron las medidas del estado de emergencia, previstas en la ley de 1955.

El proyecto presidencial de introducir el estado de emergencia en la Constitución está estrechamente vinculado a la ley del 20 de diciembre de 2015, que lo prolongó por 3 meses. También tiene relación con la ley de reforma penal «que refuerza la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», promulgada el 3 de junio de 2016. Ese proyecto convierte en norma varios procedimientos que normalmente forman parte del estado de emergencia, como los registros nocturnos y las detenciones domiciliarias. Por su parte, la ley del 20 de diciembre de 2015 no se limita a prolongar el estado de emergencia sino que extiende considerablemente su campo de aplicación.

Estas dos legislaciones y el último proyecto de ley conforman un conjunto coherente que, al instaurar un estado de emergencia permanente, constituye un ataque frontal contra las libertades privadas y públicas. En efecto, el proyecto presidencial suprime toda seguridad jurídica. Su objetivo no sólo es constitucionalizar el estado de emergencia sino principalmente permitir, en ese marco, nuevas violaciones de las libertades. Ese proyecto legalizaba no sólo el estado de emergencia como principio así como sus aplicaciones ya conocidas sino sobre todo la posibilidad para el legislador de instaurar, de forma permanente, nuevas disposiciones. Incluía, por ejemplo, la posibilidad de «renovar» las «herramientas» que las «fuerzas de seguridad» podrán utilizar, en violación de los derechos y libertades. El Estado de derecho sería así desmantelado ya que las reglas dejarían de ser fijas y predeterminadas para convertirse en disposiciones que cambiarían constantemente, en función de la lectura subjetiva que hiciera el poder de los acontecimientos (el peligro persistente del terrorismo) y de la selección, ya liberada de todo control, de las medidas anunciadas para enfrentarlo.
Constitucionalizar la posibilidad de
despojar a las personas de su nacionalidad

En la primera versión del «proyecto de ley constitucional de protección de la Nación», presentado el 23 de diciembre al consejo de ministros, la extensión de la posibilidad de despojar a las personas de la nacionalidad francesa incluye a todos los binacionales, incluyendo a los que nacieron franceses. Según los opositores, ese texto dividía a los ciudadanos en dos categorías: los binacionales y los que sólo tienen la nacionalidad francesa. El primer ministro, Manuel Valls, propone entonces una nueva redacción en la que se establece que todos los ciudadanos pueden ser despojados de la nacionalidad francesa. En la Asamblea Nacional, una mayoría de diputados socialistas acaba aceptando esa versión. En el Senado, una mayoría de derecha reintroduce la medida para los binacionales y adopta el nuevo texto el 22 de marzo de 2016. Con ello se hace imposible la concertación entre las dos versiones [4]. El 30 de marzo, el presidente de la República anuncia el abandono del proyecto de ley.

Este anuncio provocó sorpresa en la medida en que la gran mayoría de los parlamentarios, tanto los de la mayoría como los de la oposición, ya habían aceptado la constitucionalización del estado de emergencia. Puede parecer extraño que el gobierno se concentrara tanto en este aspecto de la cuestión dado el hecho que la posibilidad de despojar a alguien de la nacionalidad francesa ya existe en el sistema judicial, e incluso ha sido aplicada muchas veces.

En efecto, entre 1949 y 1967, se pronunciaron 523 medidas de revocación de la nacionalidad francesa y entre las personas afectadas hay «numerosos franceses por nacimiento» [5].

Esta medida ya aparece en los artículos 25 y 25-1 del Código Civil [6] y puede ser pronunciada cuando la persona ha sido condenada por haber cometido un crimen o un delito que constituya un acto de terrorismo. Pero sólo concierne a los binacionales que hayan adquirido la nacionalidad francesa. Sin embargo, la gran mayoría de los participantes en el debate olvidaron que los artículos 23-7 [7] y 23-8 [8] también permiten aplicar esa medida a los binacionales nacidos franceses.

Esto contradice los intentos, tanto del gobierno como del Consejo de Estado, de justificar la introducción del despojo de la nacionalidad en la Constitución argumentando un supuesto riesgo de inconstitucionalidad que existiría en caso de tratarse de una ley ordinaria, cuando las legislaciones ya existentes conducen al mismo resultado, sin que nunca se hayan visto cuestionadas por el Consejo Constitucional. Lo que sí sucedería es que la constitucionalización del despojo de la nacionalidad sacaría la nacionalidad del derecho civil para convertirla en un tema legislativo aparte. De esa manera, se disocia la persona jurídica, el hecho de gozar de la nacionalidad se separa de la posesión de la nacionalidad. O sea, el ciudadano puede gozar de su nacionalidad… a condición de que la utilice correctamente, y es el gobierno quién establece el marco de ese “uso correcto” de la nacionalidad.
Lo que está en juego con la inscripción en la Constitución de la medida de despojo de la nacionalidad

El debate sobre el proyecto de ley se concentró en la medida de despojo de la nacionalidad porque ese tema recuerda de inmediato las leyes del régimen de Vichy [9]. Bajo aquel régimen, 15 154 personas fueron despojadas de la nacionalidad francesa y el 45% de esas personas eran judíos. La referencia a las leyes del régimen de Vichy es extremadamente pertinente ya que la medida de despojo de la nacionalidad también pudiera ser actualmente de carácter masivo, dado que se prevé ampliar sus condiciones de aplicación, como resultado de las sucesivas modificaciones del proyecto. En su última versión, la medida de despojo de la nacionalidad podría pronunciarse no sólo por crímenes de terrorismo sino también por delitos. Ello implica que un francés condenado por «apología del terrorismo» podría ser despojado de su nacionalidad.

Según el diario Le Monde, el ministerio [francés] de Justicia registró 255 casos de apología del terrorismo durante los meses posteriores a los atentados de noviembre de 2015. Cifras similares habrían sido registradas en el mes de enero de 2016. Pero se trata de “apologías” que no son tales. En muchos de los casos se trata más bien de actos de provocación dirigidos hacia las fuerzas del orden, pero los casos fueron tratados rápidamente recurriendo a la presentación inmediata de los acusados ante los tribunales.

Por ejemplo, el 2 de diciembre de 2015, en la localidad de Lunel, un reincidente que salía borracho de un centro nocturno fue condenado a un año de cárcel por el robo de un teléfono celular, por proferir insultos y por haber gritado «¡Yo soy Salah Abdeslam!» y «¡Viva Daesh!» frente sorprendidos comerciantes. El 17 de noviembre de 2015, durante un control de identidad cerca de la estación de trenes de Lille-Flandes, un individuo borracho amenaza con «volarlo todo» y afirma que «Francois Hollande no debería haber bombardeado Siria». ¿Veredicto? Dos meses de carcel [10].

La «apología» consiste en justificar el terrorismo, presentarlo bajo un aspecto favorable o llegar a la incitación. Sin embargo, gracias a la nueva ley, periodistas o ciudadanos podrían ser enviados a los tribunales por haber compartido un video colocado en internet por una organización designada como terrorista o por dar la palabra a miembros de redes políticamente demonizadas. O sea, este tipo de incriminación permitiría condenar e incluso despojar de su nacionalidad [francesa] a quienes se opongan a la política exterior de Francia hacia Siria, Libia o Palestina.

Nos encontramos entonces en una situación que recuerda la Francia del régimen de Vichy y la ley del 23 de julio de 1940, que preveía despojar de su nacionalidad a los franceses comprometidos con el general Charles De Gaulle.
Dos aspectos complementarios de la soberanía

El presidente Hollande renuncia temporalmente a constitucionalizar el estado de emergencia, importante reforma ya planteada en 2007 por el Comité Balladur, y renuncia a ella por una falta de acuerdo sobre las modalidades de la anulación de la nacionalidad. Podría resultar sorprendente esta manera de vincular tan estrechamente las dos cosas. Pero la constitucionalización del estado de emergencia y la inclusión de la anulación de la ciudadanía en la Constitución se refieren a dos aspectos indisociables de la soberanía: por un lado, su realidad efectiva, la exclusividad de la decisión política y, por otro lado, su existencia simbólica, la «soberanía del pueblo» [11].

Constitucionalizar el estado de emergencia, incluir en la Constitución lo que Francois Hollande llama un «régimen civil de crisis», es consagrar un abandono de soberanía. En efecto, es soberano quien decide que una situación es excepcional. Como ya lo ha explicado Carl Schmitt, «es la excepción, ese punto donde la decisión se separa de la norma jurídica, lo que mejor revela la autoridad del Estado» [12]. Si los poderes excepcionales se inscriben en la Constitución, escapan entonces a la decisión política propiamente dicha ya que pasan a ser parte integrante de la norma, al dejar esta de ser diferente a su derogación.

Renunciar a la adopción [por parte del Estado] de una verdadera decisión política en el marco de la lucha antiterrorista para dejar esa decisión en manos de un orden internacional organizado por la potencia dominante es algo que también pone en tela de juicio el aspecto simbólico del poder nacional, su institución misma por parte del pueblo. La estructura imperial es un orden de hecho que no responde a ningún mecanismo de reconocimiento popular. La posibilidad de despojar de su nacionalidad a un francés acusado de terrorismo invierte el carácter simbólico de la soberanía, equivale a otorgar al gobierno la prerrogativa de “conformar” el pueblo y de fundirse en un orden internacional que no deja ningún espacio al reconocimiento de las poblaciones.
Inversión de la noción de
estado de emergencia:
de la negación a la confusión

El estado de emergencia descrito en la ley de 1955, una legislación concebida para responder a las circunstancias del aquel momento, permitió al gobierno francés no declarar el estado de sitio durante la guerra de Argelia. Le permitió además no reconocer a los independentistas argelinos como combatientes sino presentarlos más bien como terroristas y tratarlos como criminales.

Hoy se busca precisamente lo contrario: considerar actos criminales y atentados terroristas como actos de guerra o más bien meter esos dos tipos de acciones en un mismo saco. La fusión realizada entre el derecho penal y el derecho de la guerra es parte de una tendencia que se inicia con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la «guerra contra el terrorismo» del presidente estadounidense George W. Bush.

La inversión que se opera entre la ley de 1955 y la actual concepción del estado de emergencia es pasar de la negación de la existencia de un acto de resistencia y de su naturaleza política, con vista a criminalizarla, a una operación tendiente a crear confusión entre lo que es un atentado terrorista y lo que es un acto de guerra, lo cual queda demostrado cuando Francois Hollande habla de «terrorismo de guerra». Lo mismo sucede con la solución que se propone: un «régimen civil de crisis» para enfrentar una nueva forma de guerra. Se crea así una confusión entre crimen y hostilidad, entre el interior y el exterior de la nación.

En el caso de la guerra de Argelia, la negación finalmente tuvo que dar paso a un reconocimiento político de la resistencia argelina. La negación resultó ser una reacción destinada a negar la naturaleza política de las acciones [que se desarrollaban en Argelia], reacción que sólo podía ser temporal. El procedimiento utilizado se mantenía así en el sentido que originalmente tiene el estado de emergencia: una situación excepcional limitada en el tiempo.

Es totalmente diferente la concepción del estado de emergencia que se establece la ley del 20 de noviembre de 2015 y en el proyecto de constitucionalización. La fusión entre las nociones de crimen y de acto de guerra no constituye una operación circunstancial destinada a ceder lugar posteriormente a un proceso de diferenciación y un regreso al plano político. El proceso de negación se ve desplazado por un procedimiento sicótico, un proceso constante de eliminación de la diferencia entre un procedimiento penal y el enfrentamiento de la hostilidad, de eliminación de la diferencia entre lo que es un criminal y lo que es un enemigo, entre el interior y el exterior de la Nación, sometiendo a esta última [la Nación] a una forma internacional de organización del poder.
El Estado policíaco, forma postmoderna del Estado nacional

Con la incorporación del estado de emergencia, se impone a la Constitución una función penal y el derecho penal se convierte en constituyente. Se invirte el papel de la Constitución. De ser el documento donde se inscriben los derechos, la Constitución pasa a ser el documento que anula los derechos, que estipula la omnipotencia del poder, en particular la del aparato policial.

El Consejo de Estado, por cierto, así lo percibió claramente al expresar su opinión sobre el proyecto gubernamental destinado a incluir el estado de emergencia en la Constitución de la República Francesa. Para el Consejo de Estado ese texto «no es una simple clarificación» sobre la ley de 1955 sino que presenta «un efecto útil» para proporcionar «un basamento incuestionable» a las medidas policiacas, para «someterlas exclusivamente al control del juez administrativo» en vez de someterlas al juez judicial [13]. La constitucionalización del estado de emergencia permitiría legitimar todo lo que hiciera la policía, ampliando considerablemente sus prerrogativas, ya que tendría que someterse solamente al juez administrativo, que no cuenta con los medios ni con la autoridad necesaria para ejercer ese tipo de control. De esa manera, la Constitución establece y legitima también el resultado del conjunto de reformas del sistema de justicia y la liquidación del juez de instrucción.

La constitucionalización del estado de emergencia legaliza un proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho que hace del aparato policial el núcleo del Estado nacional. Pero ello no significa que esa forma de Estado sea realmente independiente. Si bien conserva la prerrogativa vinculada al mantenimiento del orden –pero no las prerrogativas vinculadas a la guerra, a la moneda o la política económica–, resulta que las policías europeas se ven directamente organizadas por el FBI. En efecto, la policía federal estadounidense organiza los equipos mixtos de intervención, pero gracias a sus iniciativas también ha logrado influir significativamente en las legislaciones europeas, tanto en las nacionales como en las de la de la propia Unión Europea, en materia de intercepción de las comunicaciones, de control de internet, en la creación de nuevos tipos de incriminaciones específicas al terrorismo así como en lo que concierne las reformas de los aparatos policiales y judiciales.
Jean-Claude Paye




[1] «Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation», Légifrance, 23 de marzo de 2016.

[2] «Etat d’urgence et article 16: pourquoi Hollande veut-il réviser la Constitution?», [En español, “Estado de emergencia y artículo 16: ¿Por qué quiere Hollande revisar la Constitución?] Le Monde.fr, 16 de noviembre de 2015.

[3] «Etat d’urgence: ce que prévoit le projet de réforme constitutionnelle de Hollande», FranceTVinfo.fr, 3 de diciembre de 2015.

[4] «François Hollande renonce à la déchéance de nationalité et au Congrès», LeMonde.fr, 30 de marzo de 2016.

[5] Aude Loriaux, «Déchéance de nationalité: pour y voir plus clair, les arguments pour et contre», Slate.fr, 6 de febrero de 2016.

[6] Article 25: «La persona que haya adquirido la nacionalidad francesa puede ser, mediante decreto adoptado después de haber obtenido la conformidad del Consejo de Estado, despojada de la nacionalidad francesa 1- si es condenada por [haber cometido] un acto calificado como crimen o delito contra los intereses fundamentales de la nación…».

[7] Article 23-7: «El ciudadano francés que se comporte como ciudadano de un país extranjero puede, si tiene la nacionalidad de ese país, ser declarado, por decreto adoptado después de recibir la conformidad del Consejo de Estado, como persona que ha perdido la nacionalidad francesa».

[8] Article 23-8: «Pierde la nacionalidad francesa todo francés que, al ocupar un empleo en un ejército o en un servicio público extranjero o en una organización internacional de la que Francia no sea miembro, o más generalmente al aportarles su contribución, no renuncie a ese empleo o ponga fin a su contribución a pesar de haber sido conminado a ello por el Gobierno [de Francia]».

[9] El gobierno francés de colaboración con la Alemania nazi instaurado después de la invasión de Francia por las tropas alemanas, durante la Segunda Guerra Mundial. Nota de la Red Voltaire.

[10] Lucie Soullier et Damien Leloup, «Dans le grand fourre-tout de l’apologie du terrorisme », LeMonde.fr, 18 de diciembre de 2015.

[11] Jean-Claude Paye, «Criminalización de Internet en Francia»,Red Voltaire, 26 de septiembre de 2015.

[12] Carl Schmitt, Théologie politique, Gallimard 1988, p. 15.

[13] Conseil d’Etat, «Loi constitutionnelle de protection de la Nation», Avis consultatif, 23 de diciembre de 2015.





1ª parte: «Procedimiento de excepción sin estado de emergencia», 21 de mayo de 2016.
2ª parte: «Estado de excepción con estado de emergencia», 11 de junio de 2016.

viernes, 22 de julio de 2016

EDUARDO “EL NEGRO” SOARES “El mismo sector social que no firmaba la independencia en 1816 nos gobierna hoy”


 En el bicentenario de la declaración formal de la independencia, Sueños Posibles, con Alfredo Grande a la cabeza, realizó un programa especial dedicado al tema, que inició con una charla de reflexión y repaso de la historia con Eduardo ‘El Negro’ Soares, abogado de presos políticos y titular de Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina. En un fragmento de la entrevista, y ampliando la frase que da título a esta nota, Soares sostuvo: “En parte política y económicamente, son los que nos gobernaron durante estos doce años. En estos doce años de década perdida heredamos a estos sectores que nos gobiernan hoy. Los heredamos de los que no hicieron las cosas bien. De los que no llevaron adelante un proceso real de liberación cuando tuvieron la oportunidad, no llevaron adelante un proceso real de organización del campo popular cuando pudieron, y que encima nos mostraron un nivel de corrupción y de poca solidaridad espantoso”.





Sensaciones, hoy

“A este aniversario lo vivo como una tragedia, después de estos doscientos años era difícil imaginarse semejante retroceso. Llegar a una situación como esta donde se caen no solamente las banderas históricas y esos proyectos que alumbraron mucho antes de la declaración formal de nuestra independencia, con historias anteriores. Nuestra independencia no surgió de un repollo sino de luchas muy duras. Tanto 1810 como la resistencia a las Invasiones Inglesas y las anteriores resistencias llevadas adelante por los pueblos originarios básicamente y por los nuevos criollos del Virreinato del Río de la Plata y de Nuestra América, venían alumbrando lo que luego se produjo que es la declaración formal de la independencia”, consideró Soares. Aseguró, además, que incluso en aquel momento había feroces contradicciones en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas, lo que luego fue la República Argentina, “estaba en ciernes una lucha que, dependiendo de cómo se resolviera y a favor de qué sectores, iba a ser el tipo de Argentina que tendríamos. Las luchas se siguieron produciendo en contradicciones tremendas, acuerdo en que se puede estar en democracia y ser dictadura, a tal punto acuerdo que nosotros mismos hemos llevado adelante peleas durísimas contra gobiernos democráticos, por ejemplo, el de De la Rúa”. El abogado se extendió a América Latina: “Tenemos una resistencia de hace más de cuarenta años de las FARC contra gobiernos elegidos democráticamente. O sea, no me dice nada el hecho de que un determinado partido o un sector de clase gane las elecciones. Me indica, en todo caso, el estado de la sociedad, pero no mucho más, no me impide pelear”.




Además, Soares se refirió a su propia organización, Convocatoria Segunda Independencia, y aseguró que tampoco se privan de pelear si el gobierno a combatir fue elegido democráticamente. “Como uno tiene que volver necesariamente a esa historia, a esa lucha de aquellos que enarbolaban la máscara de Fernando VII para decir que no había que liberarse, aquellos que permitieron que en 1810 y 1816 se librara una guerra abierta con banderas, con un tremendo sacrificio en defensa del territorio nacional y se negaran a firmar la independencia, no me genera mucha sorpresa en relación a lo que tenemos hoy, ahora. El mismo sector social que en ese momento por sus alianzas, primero con España y después con Inglaterra, se negaba a llevar adelante un proceso revolucionario de independencia y mucho más un proceso de integración latinoamericana, es el sector que hoy nos está gobernando”, denunció. El abogado amplió la afirmación: “En parte política y económicamente, son los que nos gobernaron durante estos doce años. En estos doce años de década perdida heredamos a estos sectores que nos gobiernan hoy. Los heredamos de los que no hicieron las cosas bien. De los que no llevaron adelante un proceso real de liberación cuando tuvieron la oportunidad, no llevaron adelante un proceso real de organización del campo popular cuando pudieron, y que encima nos mostraron un nivel de corrupción y de poca solidaridad espantoso”.




Cuándo se desvió el rumbo independentista

“Diría que hace doscientos años, porque en el Congreso de Tucumán ya hubo innumerables contradicciones. Sin embargo, los sectores que pudieron ganar formalmente, llamémosles independentistas, Belgrano, San Martín, Castelli, tuvieron una victoria parcial porque no pudieron atacar al poder central, básicamente económico de Buenos Aires. No pudieron llegar a acertarle un golpe definitivo en parte porque tenían la guerra encima, ellos guerreaban y los otros conducían y seguían adelante con sus roscas con las grandes potencias”, explicó. Soares aseguró que, terminadas las guerras, esos proyectos independentistas fueron desarticulados. “Por eso yo ubico ese momento hace doscientos años. Inmediatamente terminadas las guerras patrias, Moreno muere envenenado, es un crimen político alevoso; a Belgrano lo ningunean a tal punto que muere en la peor miseria, ni siquiera salió una nota periodística por la muerte de Belgrano; a San Martín le hacen una especie de cordón sanitario, lo alejan de su ejército. Fueron desarticulando. Las guerras civiles se inician ahí nomás de desalojada la colonia española, en 1820”. Para Soares, ahí se vislumbran las primeras contradicciones: “Durante mucho tiempo se gobernó el país a favor de las clases dominantes, de los poderosos, de los ricos, de los dueños de la tierra y los medios de producción. Para eso tuvieron que llevar adelante un proceso que les costó unos cincuenta años pero que lo consolidaron”.







Lo que el peronismo no saldó

“Tanto yo como la organización que estamos construyendo proviene del peronismo. En mi caso de Montoneros y en general expresamos lo que sobrevive, lo que pervive del nacionalismo popular revolucionario, si bien ya no somos peronistas ni como definición ni como línea política. Para ser más concreto, efectivamente el peronismo nace a la vida política argentina con un proyecto que contemplaba la posibilidad de que las clases sociales pudieran discurrir por caminos paralelos. El Estado peronista supuestamente podía ir contemplando los intereses de dos clases antagónicas, de ahí el famoso fifty-fifty”, contó Soares, citando la frase de Perón que dividía en dos mitades exactas entre trabajadores y empresarios la renta del país. El proyecto de Perón, explicó, requería un rol fundamental del Estado, “un Estado muy presente que fuera el que pudiera repartir la riqueza, pero es un proyecto que, a juicio nuestro, de nuestra organización, se resquebraja ni bien se inicia. Hay varias razones. En primer lugar, que hablamos de clases sociales con intereses antagónicos y es muy difícil, aún con un proyecto como el peronismo y otros que en América Latina intentaron lo mismo, sintetizar intereses económicos antagónicos”.




El proyecto peronista se inició luego de la guerra de Europa, explicó el abogado, y por eso “los gringos, los yankis, vuelven con sus fueros y, cuando se trata de Argentina, ¿con quién negocian? Con la burguesía ¿Y qué importa si es una burguesía peronista? Nosotros tenemos, a partir de 1945, una clase obrera peronista y una burguesía peronista. Entonces, al poco tiempo se destituye a los grandes líderes sindicales, laboristas, revolucionarios, también contribuye a todo eso la muerte de Evita y por lo tanto el peronismo está ahí sin pena ni gloria”. Para Soares, “lo más rico del peronismo empieza a partir de 1955 con un altísimo nivel de conciencia de la clase obrera que es lo más importante que el peronismo legó con el fifty fifty y todo lo que sabemos de los cambios en el Estado. Entonces se inició un proceso de lucha nacional, antiimperialista, anticolonialista, pero también un proceso de lucha de clases. La clase obrera argentina en general, peronista y no peronista, tiene que hacer un proceso de aprendizaje donde tiene que pelear contra sus enemigos estratégicos como el imperialismo pero también contra la burguesía peronista, que Evita decía que le temía más a esa que a la que derrotaron el 17 de octubre”, recordó. Soares explicó que en aquel período se suscitaron luchas sociales y políticas, y fundamentalmente una lucha de clases dentro del propio movimiento peronista. “Están los sectores revolucionarios que fueron creciendo con el ejemplo más claro que se produce hacia fines de los ’60 y de los ’70 cuando alumbran organizaciones revolucionarias con características muy importantes. Primero, que son independientes de las estructuras oficiales del peronismo, incluyendo a Perón. Éramos independientes de las estructuras del PJ”, destacó. En segundo lugar, “que nos planteamos el socialismo como objetivo final. Tercero: que no se ahorraban métodos de lucha y enfrentamiento a la hora de llevar adelante la pelea en forma integral y política donde la violencia era una parte de eso. Es el nivel más alto de enfrentamiento que se vio en Ezeiza, se vio el 1 de mayo en la Plaza con Perón. Fue el nivel más alto de enfrentamiento desde principios de 1900 en adelante porque parecía que no solamente las organizaciones de la izquierda peronista sino las organizaciones revolucionarias no peronistas parecía que cabía la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, se pudiera tomar el poder en la Argentina y construir el socialismo”, analizó Soares.


El peronismo burgués

Para el abogado, ese proceso organizativo estaba a la luz del enemigo: “Ahí es donde se encuadra la segunda parte de mi reflexión en relación al kirchnerismo. Hablo del enemigo estratégico, no Videla, sino los que lo mandan. El enemigo estratégico vio que de la misma manera en que te dije que por 1920, 1820, 1830, dependiendo de cómo se resolviera esa contradicción en la Argentina iba a ser la Argentina que tendríamos, de la misma manera digo que dependiendo de cómo se resolviera esa lucha de clases interna en el peronismo, el peronismo iba a ser un vehículo para la liberación y por lo tanto para la construcción del socialismo en Argentina o un vehículo para la peor de las dependencias”, planteó. Para Soares ese dilema fue resuelto con la llegada del golpe de Estado, que “retrotrajo a nuestro país a décadas para atrás. No vino a hacer desaparecer burócratas sindicales masivamente, los delegados que desaparecían no eran los de la burocracia en términos generales y el grueso de la represión cayó sobre las organizaciones. Llegado 1983 y terminada la dictadura, ¿qué peronismo tenés? Un peronismo de los proyectos de la burguesía. Llámese Luder, llámese Herminio Iglesias, llámese Menem y, posteriormente, llámese Kirchner”, aseguró.


“Daba la sensación de que hace doce años se iniciaba un proceso donde cabía la posibilidad de que se pudiera reestructurar de nuevo un polo de poder en la Argentina nacional, popular, revolucionario, que produjera otra Argentina distinta, ni siquiera les pedimos que construyan el socialismo, porque eso depende de nosotros. Les pedimos, por lo menos, que avancen en ese proceso independentista de 1945, y eso no lo hicieron; no solamente no produjeron eso sino que retrotrajeron, con lo cual esa lucha de clases en el peronismo hasta hoy no solamente no ha existido sino que todavía sigue en el PJ y en las estructuras oficiales del peronismo sigue siendo los proyectos de la burguesía”, denunció sobre la última gestión de gobierno peronista, y concluyó: “Distintos proyectos procapitalistas, en otros casos proimperialistas, siguen siendo los que dominaron tanto el peronismo como los gobiernos. Nosotros creemos que la lucha en general no solamente es nacional sino que es social y que no se puede pelear contra el imperialismo si no se construye otro tipo de modelo que no sea capitalista”.


El Negro Soares dejó otra tanda de opiniones polémicas. Se podrán compartir o no, pero tienen el sello de alguien que le pone el cuerpo cada día.



F: https://agenciaparalalibertad.org/
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